El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión al Parlamento, para su tramitación, del Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual. Según la Vicepresidenta del Gobierno, la industria audiovisual necesita una normativa clara, lútil y moderna, que ayude a consolidar el crecimiento de un sector con infinitas posibilidades de futuro y que dé seguridad y confianza a las empresas.
La aprobación de este Proyecto de Ley implica la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva europea de Servicios de Comunicación Audiovisual de diciembre del 2007, señaló la Portavoz.
Esta Directiva revisa las normas básicas sobre publicidad y protección de los derechos de los consumidores y de los colectivos más desfavorecidos. También ofrece garantías para la industria audiovisual europea y para el derecho a la información de los ciudadanos ante contratos de exclusividad.
El Proyecto también amplía a quince años el periodo de concesión de licencia y establece la renovación automática si se cumplen determinados requisitos, posibilita la creación de grupos empresariales audiovisuales fuertes, con capacidad de competir en el mercado europeo e internacional, e incorpora a su articulado dos aspectos regulados recientemente, la TDT de pago y la normativa sobre pluralismo y competencia. También regula la televisión en movilidad y la alta definición.
Se mantiene la inversión obligatoria del 5% de los ingresos de las operadoras de televisión a la producción de cine europeo y español, pero ampliándolo a series y películas para televisión y extendiendo la obligación a las operadoras de telecomunicaciones que difundan canales de televisión. Ese porcentaje sube al 6% para los prestadores de servicio público y se destina sólo al cine.
Por último, se crea el Consejo Estatal de Medio Audiovisuales, como autoridad reguladora independiente, con capacidad sancionadora y encargada de garantizar el cumplimiento de esta Ley. Sus miembros serán nombrados por mayoría de 3/5 del Congreso de los diputados. También se crea un Comité Consultivo de Apoyo para garantizar la participación de colectivos y asociaciones ciudadanas.
